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UNA PUBLICACIÓN DE UGT

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Dialogar, siempre; pero con garantías y que sirva para progresar

Revista Claridad Opinión CECLa economía española crece desde 2014, y las empresas ya obtienen beneficios superiores a los de antes de la crisis. Sin embargo, eso no está sirviendo para mejorar la calidad de vida de la mayoría de los hogares.

Esto sucede en gran medida porque las políticas de austeridad aplicadas desde 2010 han devastado el funcionamiento normal de sistemas y mercados básicos, perjudicando a una mayoría ciudadana. Se recortaron prestaciones sociales (por desempleo, dependencia, rentas sociales) y servicios esenciales (sanidad, educación). Se aprobó una reforma de pensiones que reducirá el poder de compra de los pensionistas un 30% en los próximos veinte años. Se impuso una reforma laboral en 2012 que desequilibró la negociación colectiva y creó las condiciones perfectas para que el empleo sea esencialmente precario: temporal, a tiempo parcial, mal pagado, inseguro. Paralelamente, se rescató a la banca con más de 100.000 millones, y se aprobó una amnistía fiscal que benefició a defraudadores y corruptos.

Y todo se hizo por imposición. De 2010 a 2013, los gobiernos y la troika arrinconaron deliberadamente el diálogo social y la negociación y abusaron con complacencia del ordeno y mando, porque, decían, era lo único que se podía hacer. Ahora casi nadie es capaz de negar que aquellas políticas fueron erróneas, que había alternativas, que obedecieron a postulados políticos sin rigor técnico, que los sindicatos teníamos razón en nuestras críticas y oposición (UGT y CCOO convocamos conjuntamente tres huelgas generales en esos años) y que han generado mucha desigualdad, pobreza y sufrimiento. Hay, pues, que reconducir la situación. Hay que construir una nueva senda de progreso colectivo, con nuevos consensos, que los sindicatos creemos que deben alcanzarse a través del diálogo social.

En la actualidad hay abiertos procesos de negociación tanto de carácter tripartito (Gobierno-organizaciones empresariales-sindicatos) como bipartito (organizaciones empresariales-sindicatos), en los que se abordan cuestiones relevantes para la realidad sociolaboral del país: contratación, formación, políticas activas de empleo, pensiones o negociación colectiva. Incluso se ha alcanzado ya algún acuerdo importante en el diálogo con el Gobierno, como el aumento del salario mínimo hasta 850 euros al mes en 2020 (un 20% más que en 2017), por citar el más reciente. Pero, lamentablemente, estos acuerdos son la excepción. La realidad es que ambos procesos de diálogo social están teniendo avances escasos, y que sus ritmos y contenidos son insuficientes.

Para construir una nueva senda de progreso, el Gobierno y las organizaciones empresariales pueden contribuir en mayor medida a través del diálogo social.

Para construir una nueva senda de progreso, el Gobierno y las organizaciones empresariales pueden contribuir en mayor medida a través del diálogo social. En el caso del Gobierno, su visión del proceso está siendo parcial e interesada. Por un lado, plantea las negociaciones como si antes no hubiera pasado nada; como si no fuera el mismo Gobierno que aprobó de manera unilateral la reforma de las pensiones y del mercado laboral, o el recorte de prestaciones por desempleo, que han perjudicado a millones de personas trabajadoras. No resulta creíble actuar de manera autoritaria en unas ocasiones y pedir consenso en otras, siempre en función de los intereses propios. El diálogo social exige más compromiso y coherencia, por lo que debería comenzar por revertir aquellas medidas autoritarias.

Por otro lado, la fijación de la agenda de temas objeto de diálogo debería ser más amplia, contemplando no solo los contenidos que el Ejecutivo ha anticipado ya a Bruselas, o aquellos en los que está interesado en base a acuerdos externos con otros grupos políticos. Para que el diálogo sea un mecanismo privilegiado de avance necesita una agenda compartida de contenidos. Los impuestos, la educación, la política industrial, el sistema de prestaciones sociales, etc. deben incluirse también en la agenda del diálogo. Por último, el Gobierno debería prestar mayor atención a las formas y protocolos del proceso, evitando confundir diálogo y negociación con una mera información y consulta, en ocasiones incluso a posteriori.

Por lo que respecta al ámbito bipartito, desde 2016 las palabras de los dirigentes y responsables de la patronal en pro del diálogo no se están correspondiendo con los hechos. Sin duda, la reforma laboral de 2012 ha restado incentivos para que negocie en materia laboral, puesto que concedió a las empresas sin esfuerzo mucho más poder de decisión unilateral, y provocó una devaluación salarial muy intensa. La negociación del acuerdo salarial en 2017 fue sintomática. Mientras el Presidente de CEOE declaraba en la prensa que con los sueldos actuales no se puede vivir, las propuestas de su organización en la mesa de diálogo implicaban nuevas pérdidas de poder de compra para los trabajadores y las trabajadoras, lo que imposibilitó llegar a un acuerdo tras meses de atípica negociación, con demasiados escarceos fuera de la mesa de trabajo específica.

Por eso, en 2018 la situación no puede repetirse. Las negociaciones para alcanzar un nuevo Acuerdo de Negociación Colectiva deben realizarse con mayor premura, abordando con diligencia todos los temas dentro de la mesa de trabajo que ambas partes hemos creado a tal efecto, y valorando cuanto antes las posibilidades reales de alcanzar o no un consenso en esta materia vital. Porque con 800 euros, como reconoció el Sr. Rosell en 2017, sigue siendo imposible llegar a fin de mes, y las familias no pueden esperar.

En suma, el diálogo social no necesita golpes de efecto mediáticos, ni frases grandilocuentes, ni llamativos titulares. Necesita unas reglas del juego compartidas y estables, continuidad, lealtad, trabajo discreto en las mesas de negociación y voluntad real de avanzar juntos. Se necesita el compromiso de las partes implicadas, y se necesitan también progresos. Porque si no, el diálogo social no existe, y lo que se produce es una pérdida de tiempo en la que UGT, al menos, no está dispuesta a participar.

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