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UNA PUBLICACIÓN DE UGT

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Antonio Gutierrez, captura de pantalla del programa “La Galería” del Canal 24H de RTVE.

Sin precedentes y tan determinante: el 14-D

Antonio Gutiérrez, Secretario General de CCOO en diciembre de 1988

INTRODUCCIÓN

La “Jornada de Paro General de 24 Horas” (así fue registrada la convocatoria) del 14 de diciembre de 1988 es un hito histórico porque no tiene precedentes y porque treinta años después sigue patente su trascendencia social, sindical y aún política.

Las Huelgas Generales habidas en España no guardan relación con la del 14D ni en sus orientaciones ni en las formas con las que se convocaron. Las anteriores quisieron ser revolucionarias para cambiar regímenes y gobiernos allí donde las fuerzas políticas del momento no alcanzaban a concitar mayorías sociales suficientes para procurar los cambios anhelados. Las limitaciones de la democracia representativa de un lado y la incapacidad política de los partidos obreros de otro, abocaron a descargar sobre el movimiento sindical la misión de acabar con el orden establecido arriesgando todo su potencial movilizador.

A diferencia de todas las anteriores, la del 14D/1988 la convocaron los sindicatos CC.OO. y UGT unitariamente desde su más celosa autonomía. No se concibió para modificar o alterar el corolario parlamentario e institucional de la voluntad popular sino las injustas políticas socio-económicas del gobierno que por cierto sí faltaba al compromiso con sus electores ya que contravenían absolutamente el “Cambio” prometido en el programa electoral con el que el PSOE había ganado las elecciones de octubre de 1982. Abundando en los incumplimientos electorales de su primera legislatura, el segundo gobierno de Felipe González de comprometerse a promover la justicia social  pasó a profundizar la inequitativa distribución de la riqueza desfiscalizando las rentas de capital y gravando las del trabajo; de garantizar el poder adquisitivo de salarios y pensiones a infligirles continuadas pérdidas con reiterados planes de ajuste; de dignificar el empleo a precarizarlo sin límite ni causa; de aumentar y mejorar las prestaciones sociales a reducir la cobertura por desempleo a mínimos históricos; del equilibrio entre patronales y sindicatos en las relaciones laborales al debilitamiento de los  derechos laborales individuales y colectivos; y en suma, de impulsar el diálogo social al abuso de la unilateralidad con inaudita prepotencia.

Tras un largo proceso de negociaciones a iniciativa de los sindicatos para paliar en lo posible los desequilibrios antes señalados, que terminó sumando desacuerdos y añadiendo nuevos agravios que se detallarán en posteriores epígrafes, se convocó la huelga. Partió la iniciativa de la Comisión Ejecutiva de CC.OO. reunida el 8/11/1988 pero autoimponiéndose que solamente se convocaría si los hacían ambas Confederaciones sindicales de común acuerdo y al unísono. Quiso así la dirección de CC.OO. superar el error cometido cuando convocó unilateralmente la huelga general del 20 de junio de 1985 contra el decreto del gobierno socialista por el que se cambió bruscamente la base de cálculo de las pensiones. Efectuada y publicitada la convocatoria se le propuso a la dirección de UGT que se sumase, lo que lejos de continuar el incipiente recorrido unitario que había permitido celebrar manifestaciones unitarias contra el citado decreto hasta unas semanas antes, se volvió a la división sindical.

Aquella misma noche del 8 de noviembre los secretarios generales de CC.OO. y UGT acordaron convocarla como “Jornada de Paro General de 24 horas” (previendo las distorsionantes comparaciones históricas que insidiosamente terminaron por hacerse) para el 14 de diciembre, la realización de manifestaciones ese mismo día en todas las ciudades y otra el 16 en Madrid. Así mismo se fijó celebrar en la sede de la UGT (a propuesta de CC.OO. para evitar mayores presiones, igualmente previsibles, sobre los dirigentes de UGT a quienes ya se les venía acusando de seguidismo respecto de CC.OO.) una reunión más amplia con sendas delegaciones de las comisiones ejecutivas confederales, seguida de rueda para dar a conocer los acuerdos. La convocatoria se hizo pública con más de un mes de antelación, además de por razones operativas para preparar y fomentar la máxima participación, para dejar abierta la posibilidad de que el gobierno decidiese retomar las negociaciones y encauzarlas constructivamente.

1 / PERSISTIENDO EN EL FRACASO

La sustitución del ideario socialdemócrata con el que el PSOE había llegado al gobierno en octubre de 1982 por los postulados de la economía clásica, más propios de gobiernos conservadores, tenía el suficiente recorrido a la altura de 1988 como para verificar empíricamente su fracaso. El axioma neo-liberal que disocia crecimiento de distribución fue asumido y vulgarizado por el presidente del gobierno Felipe González al poco de instalarse en el palacio de la Moncloa sentenciando: “para repartir la tarta primero tiene que crecer”. Pero las formas y consistencia de las tartas (por utilizar el mismo símil) dependen de sus ingredientes. De tal forma que si el crecimiento de la economía se fragua reduciendo los salarios reales y degradando las condiciones de trabajo para recomponer la tasa de beneficio y la competitividad de las empresas y a tal distribución primaria de la riqueza generada se le añade una redistribución inequitativa mediante políticas fiscales regresivas; cuando se alcance el deseado crecimiento no se pasará como por encanto a la restitución de la calidad en los empleos y a la recuperación del poder de compra de los salarios, ni la fiscalidad se tornará en equitativa para reestablecer el equilibrio en el reparto de la renta nacional. En el mejor de los casos se incrementarán algunos capítulos del gasto público pero la desigualdad en términos relativos se mantendrá cuando no se agrave aún más. Es lo que pudo constarse en el período 1982-1988 y lo que se repitió en la primera legislatura del gobierno Zapatero en la fase expansiva del ciclo económico (antes del estallido de la burbuja inmobiliaria y de la Gran Recesión).

Superada la recesión de 1981(-0,2 de incremento del PIB), se retomó la senda del crecimiento entre 1982 (+1.2) que paulatinamente fue ascendiendo hasta el 5,2 en 1987; el año siguiente, el del 14D, se cerraría con el 5,8 de aumento del PIB (datos extraídos de los informes anuales del Banco de España). No obstante las tasas de inversión habían sido negativas hasta remontar en 1985(+3,9pp) y se dispararon a partir de 1986 con incrementos del 14,4% y del 16,3% en el 87, año en el que nuestro país acogió el equivalente a al 2,75% del PIB (977.000 millones de pesetas) en flujos de inversión directa, orientados sobre todo a sectores especulativos, fundamentalmente activos financieros e inmobiliarios, atraídos en buena parte por las medidas monetaristas que incrementando los tipos de interés, penalizaban la actividad productiva propia y ofrecían suculentas ventajas a capitales extranjeros; pero también con ello menguaron nuestras exportaciones y la competitividad de las empresas españolas…que se quiso compensar con la devaluación de salarios y la precarización de los empleos. En tal dirección se estrenó el gobierno socialista con el “decreto Boyer” de 1983 que provocó una caída de -4,7 p.p. de los costes laborales unitarios en 1984 y continuó la tendencia bajista en los ejercicios sucesivos (-3; -3,5; -0,1 y -1,3 en los años 85, 86,87 y 88 respectivamente). Si la participación de las rentas del trabajo en la distribución de la Renta Nacional representaba el 53% en 1982, seis años después había caído al 48% en favor de los excedentes netos de explotación de las empresas. Mientras los salarios perdían poder adquisitivo año tras año, el beneficio empresarial se duplicó en 1987 y los de la Banca (tras haber sido recatada de su colosal crisis de 1.982 con más de dos billones de pesetas del erario público) crecieron el 45%. Simultáneamente aquel primer equipo económico también legalizó los primeros artilugios fiscales como las SICAV, e introdujo todo tipo de desgravaciones fiscales, entre otras a la compra de viviendas (sin límite en su número ni en su condición de primera, segunda o enésima vivienda); es decir, catalizó directamente la elusión fiscal de los más pudientes, desfiscalizó buena parte de los beneficios y rentas de capital y alentó la especulación inmobiliaria(también el “decreto Boyer” impuso las primeras medidas liberalizadoras sobre el alquiler y el suelo).

Cabe examinar ahora los resultados de tales políticas en términos de empleo, la recurrente excusa con la que los sucesivos gobiernos han venido desde entonces justificando desregulaciones laborales y ajustes salariales. El desempleo era de 1,1 millones en 1982 y en 1987 alcanzó los 3.023.646(el 20,59% de la población activa del momento). Y debe recordarse que la gran promesa electoral había sido precisamente la de crear 800.000 empleos en su primera legislatura. Tampoco se repartió la “tarta” tras haberla agrandado con los aditivos antes señalados, ya que el gasto social contrajo su ritmo de crecimiento en relación al período anterior 1977-81 y primero de la democracia (7 p.p.) hasta quedarse en un exiguo 1,64p. porcentuales entre los años 1982 y 1987 (del 36,74% al 38,38%). En el mismo período la cobertura al desempleo descendió igualmente desde el 33,64% al 28,8% de los parados, a pesar de registrarse un superávit de 180.000 millones de pesetas en el INEM (entre cotizaciones, que son de carácter finalista y el gasto en prestaciones). La temporalidad que era del 12% en 1985, tras la reforma laboral de aquél año  por la que se introdujeron en el Estatuto de los Trabajadores hasta 16 modalidades de contratación, se elevó al 20% en 1987 (llegaría al 33% en 1990); una vez más la realidad desmentía al presidente González que había justificado su reforma laboral exclamando: “ los empleos temporales de hoy serán los fijos de mañana”, para negar con tal aserto que fuese a provocar el efecto sustitución de trabajo fijo por temporal  que previeron desde CC.OO. Las pensiones no siguieron una evolución mejor: en 1988 el 70% estaba por debajo del Salario Mínimo Interprofesional y el 85% no llegaba a las 50.000ptas (cantidad reivindicada por los sindicatos para establecer el SMI en 1988); ninguna de las revaloraciones anuales habidas desde 1983 habían servido para mantener siquiera la capacidad adquisitiva de los pensionistas. Por su parte el gasto sanitario permaneció estancado desde 1982 hasta 1988 mientras subía en seis millones el número de beneficiarios. En consecuencia, España seguía estando ocho puntos por debajo de la media de la CEE en gasto público social.  Ahora bien, las subvenciones de diverso tipo y deducciones fiscales a las empresas crecieron exponencialmente. Un par de ejemplos pueden ser muy ilustrativos al respecto. La madeja de transferencias por subvenciones y bonificaciones a la contratación laboral sumó entre los ejercicios 1986 y 1988 más de 170.000 millones de pesetas, que por cierto aparecían como prestaciones sociales en términos de Contabilidad Nacional; en el mismo período las reducciones admitidas en las cotizaciones sociales a las empresas fueron de 154.7188 millones de pesetas, que encima se ejecutaban por el método de autoliquidación de las propias empresas beneficiarias y las deducciones en el Impuesto de Sociedades alcanzaron los 526.900 millones, siendo destacable que habiéndose presupuestado 84.600 millones para 1987 terminaron gastando 187.300 millones, una desviación del ¡221%!.

1.1. EL SINGULAR MODELO DE CONCERTACIÓN SOCIAL EN ESPAÑA

El Pacto Social de inspiración keynesiana que fue concertándose en los países democráticos europeos a partir de la década de los 50 consistió básicamente en la conjugación de acuerdos negociados en dos ámbitos complementarios. De un lado los sindicatos y las patronales acordaban las retribuciones salariales y las condiciones de trabajo y a cambio de la certidumbre en la evolución de sus costes laborales durante un cierto período, los trabajadores obtenían mayores garantías en el mantenimiento y mejora del empleo. Así, la primera distribución de la riqueza entre excedentes y empleo contribuía a la reinversión de buena parte de los beneficios, mejorando sus estructura de oferta y mediante una  retribución a los trabajadores que como mínimo garantizaba su capacidad adquisitiva  se alentaba el dinamismo de la demanda; dando todo ello como resultante la mayor oleada de inversiones que ha conocido Europa en su historia, combinada con  elevadas tasas de ocupación y mejoras progresivas en la competitividad de sus economías. Pero como tal distribución primaria operada en el mercado no procuraba por sí sola los niveles de equidad deseables ni bastaba para la eficiente asignación de todos los recursos, se pactaban políticas públicas que, complementando el funcionamiento del mercado, inducían la redistribución de la riqueza en forma de prestaciones sociales, educación y sanidad universales y gratuitas, sistemas de pensiones, etc.; derechos sociales que con el avance de la democracia devinieron en auténticos derechos de ciudadanía. No se limitaba por tanto a incrementar ocasionalmente determinadas partidas de gasto, sino que se progresaba paulatinamente en la equidad social basada en sistemas impositivos construidos sobre los tres grandes principios de Equidad, Suficiencia y Transparencia. En otras palabras, el Pacto Social germinó el Estado de Bienestar Social y  vino a demostrar de una parte que la democracia industrial no era un atentado contra la libre empresa por tener que compartir las decisiones con los representantes de los trabajadores sino que la corresponsabilidad negociada dotaba a las empresas de nuevas potencialidades para innovar sus estrategias organizacionales y afrontar nuevos hitos en su modernización, que lejos de incorporar ineficiencias implementaba la mejora de la productividad por hora trabajada, la que acaba determinando las más solventes ganancias de competitividad. Al mismo tiempo pudo verificarse en la práctica que la equidad social no solo no ralentizaba el progreso económico de las naciones, sino que lo impulsó hasta las cotas más altas que ha conocido Europa; o que, volviendo a la metáfora pastelera, la tarta se hacía más grande y saludable utilizando equitativamente los ingredientes. Este nuevo equilibrio entre democracia y mercado fue a su vez el mejor garante del crecimiento en un marco de estabilidad política y social.

Lamentablemente la Concertación Social en España tuvo que jugar un papel coadyuvante del proceso político en un contexto bien distinto al europeo de los años cincuenta. Aquí no teníamos una democracia legitimada con la derrota del fascismo ni una economía en desarrollo, sino una democracia frágil tras una transición desde la dictadura franquista y una economía en profunda crisis. En palabras del vicepresidente económico de primer gobierno democrático, el profesor Fuentes Quintana. “una economía en crisis es el problema fundamental para una democracia débil…los desequilibrios macroeconómicos, no conceden el tiempo necesario para pactar una Constitución”.  Y desde esta certera visión política se negociaron y acordaron los Pactos de la Moncloa; pero lejos de obedecer a enfoques keynesianos estuvieron más cerca de la ortodoxia monetarista para el ajuste de los desequilibrios macroeconómicos. El acierto político no lo fue tanto en las recetas económicas; porque la elevada tasa de inflación que presentaba la economía española no estaba siendo provocada única ni principalmente por las alzas salariales, sino por la populista y desastrosa política en energética que hasta un par de años antes había subvencionado el consumo de los derivados del petróleo y disparó las importaciones en un 300% con el consiguiente impacto en el déficit exterior y en la balanza de pagos; como tampoco este desequilibrio endémico en las relaciones de intercambio en los mercados internacionales se debía a una desventaja competitiva en precios y salarios sino a nuestra obsoleta estructura productiva, el atraso industrial y tecnológico, el escaso valor añadido de los bienes y servicios comercializables y en definitiva al enorme diferencial de productividad (ya en 1978 la economía española registraba una productividad inferior a la alemana en 16p.porcentuales y entre 10 y 14p.p. con Italia y Francia). Un recetario para impulsar reformas estructurales que  paradójicamente no alteraron los problemas estructurales de la economía española, puesto que tras la fuerte reducción de la inflación durante el primer año de vigencia gracias a la fuerte moderación salarial y al  cambio en su determinación en la negociación colectiva en base a la inflación prevista y un leve (y efímero) superávit en la balanza de pagos, retornaron los desajustes al cabo de dos ejercicios, con el agravante añadido del aumento del paro, que pasó de tasas inferiores al 10% a la firma de los Pactos a rondar el 20%. Para colmo quedaron sin cumplirse los programas para mejorar la protección social a desempleados; el Plan de Escolarización, ni el de incremento de las aportaciones del Estado a la financiación de la Seguridad Social, ni se compensaron los cuarenta mil millones de pesetas que habían supuesto las rebajas en las cuotas patronales a la Seguridad Social; menos aún se cumplió el acuerdo de revisar la estructura de los organismos de control de precios( los márgenes comerciales si eran y son un influyente catalizador  de la inflación en España); tampoco se tuvieron más noticias del Plan Energético Nacional, capital en una economía tan dependiente energéticamente y tan ineficiente en el consumo de energía.

Pero como ya se ha apuntado, su principal e indiscutible aportación fue allanar el proceso constituyente alentando el más amplio consenso político y social. Esta peculiaridad de la Concertación Social española tuvimos ocasión de comprobarla de nuevo tras la intentona golpista del 23 de febrero de 1981, cuando se firmó el Acuerdo Nacional de Empleo (Junio1981) que estipuló una reducción de dos puntos porcentuales de poder adquisitivo en todas la remuneraciones del trabajo (salarios, subsidios y pensiones) a cambio de crear 350.000 empleos que nunca se crearon, por el contrario, el paro subió hasta registrarse 1,1 millones al año siguiente.  Igualmente tuvo una clara dimensión política la firma del Acuerdo Interconfederal de 1983 para contribuir al normal asentamiento del recién estrenado primer gobierno socialista desde los años treinta en medio de nuevos rumores sobre operaciones desestabilizadoras (la más comentada se conoció como “el 29-O”) y que contó con la firma ambos sindicatos (CC.OO. no suscribió los Acuerdos Marco Interconfederales de 1980 y 1981).

El límite en la instrumentación de la Concertación Social lo traspasó Felipe González en los prolegómenos del Acuerdo Económico y Social cuando emplazó a las delegaciones sindicales a que hicieran: “…los mismos sacrificios para su gobierno que los que habían hecho para los gobiernos de la derecha”. No había entendido que los esfuerzos realizados por los sindicatos en acuerdos anteriores respondieron a intereses generales y especialmente al más común a todos los demócratas, el de consolidar la Democracia. El fiasco del AES supuso el ocaso del esquema de Concertación seguido desde los Pactos de la Moncloa.

1.2. CONSTRUYENDO UN NUEVO MODELO DE CONCERTACIÓN SOCIAL

No obstante, volvió a convocar el presidente del gobierno en el segundo semestre de 1986 para “negociar las cuentas del reino” (expresión literal empleada por F. González). Era fácil advertir que lo que realmente se buscaba era el aval sindical a los presupuestos generales del Estado para 1987. Pero tanto UGT y CC.OO. coincidieron en rehusar tal invitación y se le hizo una propuesta alternativa de diálogo social.

Aún con reflexiones por separado, ambos sindicatos habían llegado a conclusiones similares. En el caso de CC.OO., inmersa en la preparación de su IV Congreso (noviembre de 1987) que concluiría con la renovación de sus máximos dirigentes, centraba sus tesis precisamente en cambiar el modelo de Concertación Social tanto en los contenidos como en el continente. Los acuerdos generales  abarcaban un sin fin de materias de muy diversa naturaleza; por ejemplo en el AES se habían mezclado cuestiones de política económica y presupuestaria, fiscalidad, Seguridad Social y cotizaciones sociales, participación institucional, formación profesional, absentismo y productividad, salarios y ámbitos de negociación colectiva, empresa pública, obras y servicios públicos, patrimonio sindical y el cambio del Estatuto de los Trabajadores para dar cabida a las múltiples formas de contratación temporal. Un temario tan heterogéneo y fuertemente condicionado por el carácter tripartito de la mesa de negociación en la que el gobierno no era el árbitro sino juez y parte, no permitía otra disyuntiva que el acuerdo total o el disenso global.

 Esta tesis congresual era congruente con el análisis que constataba empíricamente que el modelo de Concertación Social seguido hasta entonces estaba agotado y aún más, que había errado en el enfoque de retos decisivos para el desarrollo económico-social y la creación de empleo. En su lugar se propuso un nuevo esquema negociador que abarcase menos asuntos y claramente diferenciadas en mesas específicas de forma que desacuerdos puntuales en algunas de ellas no impidieran alcanzar acuerdos en otros asuntos y discerniendo entre cuestiones que por su naturaleza requiriesen la participación de los poderes públicos y las que debían ser objeto de negociación autónoma entre patronal y sindicatos.

1.3. INTENTANDO RECOMPONER EL DIÁLOGO SOCIAL

Los sindicatos eran conscientes de que además de orientar sus estrategias de negociación colectiva hacia la creación de empleo, frenar su precarización y a la recuperación del poder adquisitivo de los salarios, debía producirse un cambio en la política económica, principal causante de las desigualdades; por lo que propusieron a al gobierno a principios de 1988 retomar un proceso de negociaciones puntuales sobre revalorización de pensiones, protección por desempleo, reforma del Instituto Nacional de Empleo (INEM), derecho a la negociación colectiva de los funcionarios,  entre otras cuestiones. Pretendieron CC.OO. y UGT con este nuevo método de concertación evitar que el desacuerdo en alguna de las materias no arrastrase al desacuerdo en todas las demás y tener así mayores posibilidades de concluir acuerdos, aunque fuesen delimitados.   

El gobierno aceptó finalmente iniciar negociaciones con el método propuesto por los sindicatos y sobre los temas sugeridos. Pero cuatro meses después fue dándole carpetazo a cada una de las mesas negociadoras, unilateralmente y sin apenas haber pasado de tomar nota de las propuestas sindicales. Por ejemplo, el 3 de octubre dio por zanjada la negociación sobre el INEM, despreciando cuanto se había avanzado para mejorar su faceta de servicio público de empleo y se retrotrajo a su propuesta inicial. Peor fue que se saltara la ley designando los interlocutores sociales a su antojo para validar tres asuntos cruciales: para imponer un incremento retributivo del 4% a los empleados públicos escogió al sindicato corporativo CSIF, entonces minoritario (CC.OO. había ganado las primeras elecciones sindicales en la Función Pública realizadas en el último trimestre de 1987 y sólo junto a UGT, que sumaban el 80% de representatividad se conformaba la mayoría suficiente para darle validez general a un acuerdo) y todavía  más  ilegítimo  fue firmar la revalorización de las pensiones para 1989 con una extraña asociación de pensionistas, la llamada Unión Democrática de Pensionistas, que no tenía estatus sindical ni se conocía procedimiento alguno por el que se hubiese legitimado su representatividad para signar acuerdos; seguramente a cambio del otorgamiento de esta sui géneris personalidad jurídica rubricaron un incremento del 5,35%, muy por debajo del 6,6% reclamado por CC.OO. y UGT  necesario para que los pensionistas no perdieran poder adquisitivo  e incluso inferior al 5,5% que llegó a ofertar  el gobierno. La tercera fue el Plan de Empleo Juvenil, aprobada en el Consejo de Ministros del 25 de octubre. Ya entonces el paro juvenil en España representaba el 41,3% de la población activa menor de 25 años y su tasa de cobertura solo alcanzaba al 15%; era por tanto la más grave y desalentadora expresión del primer problema del país pues casi la mitad del total de desempleados eran jóvenes. Las “medidas para la inserción laboral y el empleo de los jóvenes” consistían de entrada en limitar su retribución al salario mínimo interprofesional (44.040 pesetas mensuales en 1988) cualquiera que fuese el salario mínimo establecido en el convenio colectivo de referencia; el patrón gozaría de la subvención de 120.000 ptas. ya existente para los contratos de formación que junto a la exención total de las cotizaciones sociales  sumaban 268.000ptas/año y por último se desgravaba 500.000 ptas. del Impuesto de sociedades por contrato y año. Con estas 768.000 pesetas de regalo en total por contratar a una persona menor de 25 años cada empleo le salía por 3.583 ptas. mensuales y sin mayores compromisos de permanencia más allá de la duración del contrato. Un negocio redondo para los empresarios pero que vulneraba varios artículos del Estatuto de los Trabajadores (17.1 y 42.c); los artículos 14 y 35 de la Constitución y el convenio 111 de la Organización Internacional del Trabajo. Y fue la gota que colmó el vaso de las razones que motivaron la convocatoria del 14D.

2 / UNA HUELGA PARA LA DEMOCRACIA

La jornada de huelga transcurrió casi sin incidentes. Por regla general se habían garantizado los servicios esenciales incluso allí donde no había sido posible acordarlos, como por ejemplo en centros sanitarios donde las propias secciones sindicales de CC.OO. y UGT organizaron turnos de atención a los pacientes o en el transporte público dotando de hasta una red de taxis disponible para prestar servicio en casos de urgente necesidad.

La patronal CEOE-CEPYME tildó la huelga de “política, desestabilizadora y antisocial”; pretendió que se declarase ilegal y transmitió a todas sus organizaciones instrucciones para coaccionar a las plantillas e impedir el acceso de los piquetes informativos. Y esas directrices fueron las que provocaron algunos incidentes en determinadas empresas. Afortunadamente apenas tuvieron relevancia puesto que el paro había sido decidido en muchos centros de trabajo en asambleas previas durante el amplio e intensivo proceso preparatorio del 14D.

 Participaron 7.858.669 huelguistas de una población asalariada de 8.284.300; lo que equivalía al 94,86% (datos recogidos en cada comunidad autónoma y aportados por las correspondientes delegaciones provinciales de trabajo). En todo caso, no hubo ocasión para la “guerra de cifras”; el éxito de participación resultó indiscutible. El mismo día 14 se celebraron manifestaciones multitudinarias en todas las capitales de provincia y en las principales ciudades del país y la del 16 en Madrid congregó a más de seiscientas mil personas. Estos datos bastarían por sí solos, sin necesidad de más argumentos, para desmentir la simplista versión difundida por el propio gobierno, dirigentes del PSOE y, de nuevo, los periódicos más difundidos del momento, que achacaba la Huelga General del 14D a una simple riña dentro de la familia socialista entre dirigentes del sindicato UGT y del PSOE. Simplista pero interesada, ya que esa deformación tan burda de la realidad servía de pretexto para eludir sus responsabilidades en la gestación del profundo y extenso malestar social generado en poco más de una legislatura y sobre todo para rechazar el giro social que se le demandaba.

No obstante, lejos de debilitar fortaleció la democracia y quedó normalizado el derecho a la huelga como en cualquier otro país de la Unión Europea; es decir, en cierto modo el 14D también supuso un paso más en la homologación con las democracias europeas más avanzadas. Sólo faltó que también los poderes públicos hubiesen demostrado un talante homologable al de sus socios comunitarios abriendo un nuevo proceso de diálogo social con voluntad de alcanzar acuerdos; pero este país no tuvo tanta suerte al primer intento.

2.1. CONTUMACIA TRAS LA HUELGA

Si el presidente del gobierno hubiese entendido el verdadero significado del 14D (al día siguiente declaró enigmático: “he entendido el mensaje”), podría haberse saldado antes el conflicto que lo había originado. Pero se quedó en la maquinación ya que no tuvo otra ocurrencia que convocarnos a los secretarios generales de los sindicatos a mantener una reunión en el palacio de la Moncloa el 22 de diciembre con él y ¡con el presidente de la patronal! Una burda maniobra para zafarse de su exclusiva responsabilidad en las motivaciones de la huelga derivando la atención de las reivindicaciones planteadas que eran todas de su estricta competencia hacia un escenario de negociación tripartito. Los sindicatos declinaron la invitación e insistieron en mantener la reunión solicitada con el presidente del gobierno con los siguientes puntos: 1.- retirada del llamado contrato de inserción para jóvenes; 2.- recuperación de al menos dos puntos del poder adquisitivo perdido por pensionistas y empleados públicos y el reconocimiento del derecho a la negociación de sus retribuciones y condiciones de trabajo;3.- cumplimiento del compromiso firmado por el gobierno en octubre de 1.984 de incrementar la cobertura al desempleo hasta el 48%;4.- equiparación en la legislatura de la pensión mínima con el salario mínimo interprofesional y 5.-  Ley de pensiones asistenciales; 6.-  universalización efectiva de la sanidad pública; 7.- la reforma del INEM; 8.- una fiscalidad equitativa y progresiva y 9.- un plan de viviendas y alquileres sociales.

Por fin pudo celebrarse la primera reunión entre los convocantes de la huelga y su destinatario el 26 de diciembre.  Solamente avanzó que “metía el Plan de Empleo Juvenil en un cajón”, expresión literal que los más optimistas quisieron interpretar como una retirada definitiva pero su querencia por las expresiones polisémicas, ampliamente demostrada, no permitía disipar todas las inquietudes al respecto (lo volvería a sacar con algún arreglo cosmético en la reforma laboral de 1994). Sólo la consciencia de los representantes sindicales de que el verdadero éxito de la huelga se daría con el logro de las reivindicaciones planteadas y que se debían más a la coherencia en su defensa que a mostrar su orgullo frente a la prepotencia del presidente, permitió al menos alcanzar el compromiso de retomar las negociaciones pasadas las fiestas navideñas en dos mesas, una para empleo y otra para el resto de asuntos. Desde el once de enero de 1989 hasta el 7 de febrero ambos inclusive se sucedieron las reuniones, la primera al máximo nivel en Moncloa (González no tenía previsto asistir, pero cambió de opinión cuando los secretarios generales decidimos encabezar las delegaciones) otras en el Ministerio de Trabajo y todas de una larga duración. Aunque los sindicatos flexibilizaron sus peticiones en cantidades (quedaron acotadas en el equivalente al 0,6% del PIB), y en plazos ( para que el gobierno pudiera encajarlas en dos ejercicios presupuestarios) el gobierno apenas avanzó hasta ofrecer alrededor de un 40% de lo solicitado (negativa a negociar el SMI, incrementándolo en menos del 2% lo que a su vez condenaba a los pensionistas a seguir perdiendo poder adquisitivo, la elevación de la cobertura a los parados que ofrecía se quedaba en el  33%) todo ello en un ejercicio en el que el superávit de recaudación fiscal respecto de las previsiones iniciales rondaban los 700.000 millones de pesetas y aumentaban sin cuento ni control las subvenciones a empresas.

En otro intento de confrontar las demandas sociales con la soberanía del parlamento, Felipe González pactó el raquítico paquete de medidas con Fraga Iribarne, muy debilitado al frente de Alianza Popular, en lo que se conoció como “el Pacto de San Valentín” (la votación en el Congreso de los Diputados tuvo lugar el 14 de febrero).

El año 1989 acabaría siendo doblemente electoral, por las europeas ya previstas para el 15 de junio y por las generales que Felipe González decidió adelantarlas en nueve meses y se celebraron el 29 de octubre. En ambos procesos sufrió una considerable pérdida de apoyos. En las europeas tuvo el PSOE 1.263.957 votos menos que en las anteriores del; el PP perdió algo más, 1.357.942 votos; y en las generales la merma del primero superó los dos millones de votos, el 20% de su electorado y el segundo retrocedió en 200.000 votantes.  Es decir, el 14D no había comportado el desgaste del gobierno para “hacerle el juego a la derecha”, expresión repetida hasta la náusea por el grupo dirigente del PSOE. La mayoría de los votantes socialistas que dejaron de serlo en aquellos comicios decidieron abstenerse, desencantados seguramente por el sistemático incumplimiento de las promesas electorales. Tan sólo una pequeña porción pasó, al parecer, a votar a Izquierda Unida; cuyos dirigentes por cierto también creyeron que podían capitalizar políticamente el 14D y en lugar de reflexionar sobre sus propios errores en la limitación de sus expectativas electorales pasaron, en vano, pero provocando algunas turbulencias internas, a cuestionar la autonomía de CC.OO.

3 / LA PROPUESTA SINDICAL PRIORITARIA

Tras el fracaso de la primera ronda de negociaciones con el gobierno en febrero de 1989, ambas confederaciones siguieron estrechando su unidad de acción para afrontar en lo inmediato la negociación colectiva. A la altura de septiembre se había logrado mejorar el resultado de los convenios respecto del ejercicio anterior y 4.818.096 trabajadores lograron aumentar sus salarios en un 7.06% por término medio, se extendieron a más convenios las cláusulas de revisión salarial (cubrían al 70,25% de los trabajadores que tenían convenio) y en un 30% de los casos consiguieron reducciones de jornada. Mientras, en el sector público ofrecía el gobierno alzas del 3% cuando la inflación ya había rebasado el 3,5% en el tercer trimestre y en consecuencia registró una elevada conflictividad. En este plano, la unidad sindical forjada en el 14D empezó a dar sus frutos invirtiendo la tendencia en la distribución de la Renta Nacional haciéndola más favorable a los salarios.

Pero dieron un paso cualitativo importante hacia la que podría considerarse unidad programática proyectada en la Propuesta Sindical Prioritaria que fue presentada en rueda de prensa el 5 de octubre. Las propuestas se agruparon en cuatro grandes apartados: empleo, protección social, políticas de rentas salariales y empresariales y derechos sindicales tanto en las administraciones públicas como en el sector privado. Se ofrecieron a la negociación con todas las administraciones, gobierno central, comunidades autónomas y ayuntamientos en las materias que les competían y con la patronal las cuestiones correspondientes a la contratación colectiva. Precisamente las primeras reuniones se mantuvieron con la CEOE que giraron sobre formación profesional.

3.1. EL ÉXITO DEL 14D

El éxito de una movilización se cifra en la consecución de sus objetivos; exigencia más estricta cuanto mayor hayan sido la participación y el esfuerzo recabado. En consecuencia, los sindicatos debían extremar su responsabilidad, su tesón y su inteligencia en la gestión del 14D para obtener los mejores resultados posibles. Con ese rigor acometieron la nueva fase de negociaciones con el gobierno que por fin se abría el 21 de diciembre de 1989, una vez que su presidente hubiera aceptado negociar con el método y sobre los puntos propuestos por CC.OO. y UGT. Entre los inmediatos “redondeos” que se lograron incluir en los Presupuestos Generales del Estado para 1990, caben destacar las subidas del 13% de la partida dedicada a pensiones asistenciales; del 10,54% para las pensiones mínimas y del 9% para las ayudas sociales menores o equivalentes al Salario Mínimo Interprofesional; del 19% en aportaciones al desempleo o del 15% más a la Sanidad Pública como aportación finalista del Estado para culminar la efectiva universalización de la asistencia sanitaria y el alza del 6% en el capítulo 1 de los PGE destinado a retribución de los empleados públicos. Todos estos epígrafes presupuestados fueron mejorando notablemente con los acuerdos que paulatinamente se fueron logrando desde mediados de enero de 1990.  Así por ejemplo se terminó consiguiendo que los recursos para la protección por desempleo subiesen un 67%; que el incremento global para pensiones de la Seguridad Social llegase al 16% y al 14% para complementar las pensiones mínimas; se doblaron las  ayudas familiares y se consiguió por primera vez el derecho a la revalorización anual de pensiones y salarios de los funcionarios, quienes obtuvieron una paga de 52.525 ptas. en concepto de deuda social por las pérdidas de capacidad de compra acumuladas en los dos ejercicios anteriores. Los acuerdos se fueron sucediendo hasta el mes de Junio, abarcando muy diversos temas, como la  negociación colectiva en la función pública, mejoras en el Régimen Especial Agrario, en la prevención de riesgos laborales, la formación profesional para la que se regularon los programas dependientes del Fondo Social Europeo y se creó un órgano tripartito vinculado al Consejo General de la F.P. así como la homologación de la formación ocupacional y la reglada, además de la participación sindical en la formación continua en las empresas. Sin embargo, el acuerdo que no incorporaba coste económico sino más democracia en las empresas y transparencia en las relaciones laborales, fue el más controvertido. A finales de enero se alcanzó un acuerdo orientado a combatir el fraude en la contratación laboral que obligaba a las empresas a entregar una copia básica de los contratos a los representantes de los trabajadores y reconocía el derecho de cada trabajador a contar con la presencia de uno de sus representantes sindicales tanto a la firma del contrato como en caso de cese de la relación laboral antes de rubricar el finiquito. La furibunda reacción de la patronal le llevó a romper el acuerdo de formación profesional que había sido el primero de los negociados con ella y llegó hasta la OIT donde desempolvaron el viejo espantajo de “sovietización” de las empresas en España. Sobreactuación para tapar el temor a que se demostrase el uso indebido de buena parte de los ¡600.000 millones de pesetas! que recibían los empresarios en subvenciones a la contratación que en muchos casos se realizaba en fraude de ley.

El gobierno creyó que podía atemperar su reacción acordando bilateralmente con la CEOE-CEPYME congelar las cotizaciones sociales a lo largo de toda la legislatura (que acababa de empezar). Pero cobrado el primer dividendo del alboroto siguieron con la presión y consiguieron paralizar la regulación del acuerdo sobre contratación. En tales condiciones los sindicatos tuvieron que abrir un paréntesis en las negociaciones con el gobierno en tanto en cuanto no cumpliese con lo ya acordado. Por fin, el 22 de mayo presentó el gobierno el Proyecto de Ley sobre derechos de información a los representantes de los trabajadores y el Real decreto por el que se creaba la Comisión de Seguimiento y Control de la Contratación laboral.

Sobre otras cuestiones como la revalorización del SMI, se acercaron posiciones hasta cifrarla el gobierno en el 7,13% de aumento, pero no llegó al 9% requerido por los sindicatos y no hubo acuerdo; como tampoco pudo cerrarse el establecimiento de un Salario Social que sin embargo fue creándose en casi todas las comunidades autónomas mediante acuerdos que adaptaban y en muchos casos mejoraban lo acordado con el gobierno central.

En suma, se consiguieron casi todas las reivindicaciones del 14D, salvo algunas que se quedaron cortas como la mencionada del salario mínimo y con muy sustanciales avances en otras como la protección de los parados que habían agotado sus prestaciones y pudieron acceder a los nuevos subsidios asistenciales.

Tal vez más importante sea que varios de los logros de entonces fuesen nuevos derechos que permanecen; avances en nuestro Estado de Bienestar que han terminado beneficiando a toda la ciudadanía; y que marcase nuevas pautas en el desarrollo de la Concertación Social. A partir de entonces dejó de estar circunscrita en el ámbito nacional para expandirse por todas las Comunidades autónomas. La dimensión social del autogobierno autonómico le debe casi todo al 14D y a la iniciativa de UGT y de CC.OO. que inmediatamente después emplazaron a sus correspondientes gobiernos regionales hasta lograr los espacios de participación institucional y de negociación que hoy ya están consolidados en todas partes.

ALGUNAS NOTAS FINALES

El 14D no fue una excepción en la regla con la que se condujeron las huelgas generales anteriores. Inauguró la norma que conjuga la unidad y la autonomía sindicales como condiciones necesarias e indisociables para el éxito de los trabajadores en la lucha por sus derechos e intereses.

Denostando la nostalgia que solo sirve para anclarse en el pasado, evocar el 14D tiene sentido si contribuye a atesorar la memoria del movimiento sindical y alentar su lucha por un mundo mejor con más libertad y justicia.  Ahora como entonces, cuanto más injustas son las políticas que pretenden imponerse, mayores son las restricciones a las libertades y a los derechos.

Aunque la desigualdad siempre empieza a engendrarse en la relación entre el capital y el trabajo, cada vez se extiende a más ámbitos y condiciones de los estrictamente laborales. La devaluación del empleo suele venir acompañada de los recortes presupuestarios que degradan la sanidad y la educación públicas, banalizan la igualdad de oportunidades y ahondan la brecha entre las clases sociales. Políticas económicas favorecedoras de la especulación en detrimento de la inversión productiva desplazan al trabajo del eje central del progreso y escinden el crecimiento del desarrollo sostenible. La mundialización de los mercados sin universalizar la democracia está acelerando una división internacional del trabajo escorada hacia la explotación de asalariados a menor precio y con menos derechos.

Son las anteriores algunas de las líneas generatrices que han ido dotando de significado al sindicalismo de clase. La lucha por los intereses inmediatos y los derechos básicos de los trabajadores en sus ocupaciones estuvo impregnada del anhelo de sociedades más justas e igualitarias y de un mundo más solidario; hasta lograr que paulatinamente el empeño por la dignificación de las condiciones de trabajo se fuese vinculando al de vivir decentemente con derecho a la salud, a la cultura, en una vivienda digna y en un medio habitable. Es decir, el movimiento sindical fue el vector que sintetizó derechos laborales y derechos de ciudadanía.

Hace treinta años, CC.OO. y UGT lograron la mayor movilización sindical porque también la hicieron ciudadana. Junto a las demandas de los trabajadores canalizaron el malestar de otros muchos y muy diversos sectores sociales. La Unión de Actores y Actrices; mil doscientos intelectuales encabezados por el profesor Aranguren; el Consejo de la Juventud; la Coordinadora de Organizaciones Agrarias (COAG) y la Asociación de Futbolistas Españoles (AFE) que llegó a crear hasta su propio comité de huelga, confluyeron en el apoyo y participaron activamente en la preparación de la Huelga General del 14D. Tal vez haberse imbricado con estos colectivos indujo a otros sindicatos como los nacionalistas ELA-STV y LAB de Euskadi y CXTG e INTG de Galicia, habitualmente más refractarios a la unidad de acción con UGT y CC.OO., a sumarse a la convocatoria.

Pero cualquier tiempo pasado no fue mejor; el pasado fue, sencillamente, anterior y distinto. Ahora es más complicado definirla y al tiempo más necesario desarrollar la dimensión socio-política de los sindicatos. Por ejemplo, frenar y revertir la tendencia creciente de los pobres con empleo, requiere, además de la lucha en los lugares de trabajo por mejorar las condiciones de empleo, luchar contra la pobreza energética, por una educación pública de calidad, por la plena restitución de la universalidad de la asistencia sanitaria, contra los desahucios y la especulación inmobiliaria o por la plena inserción socio-laboral de los trabajadores migrantes. Causas todas ellas indeclinables para los sindicatos generales de trabajadores que con su nítida identidad tienen el derecho y el deber de asumirlas como propias, con independencia de otras expresiones de movilización social con las que puedan converger.

Tras el 14D, ambos sindicatos ensancharon su base representativa y su afiliación, en proporciones muy notables (CC.OO. y UGT juntos alcanzaron el 84% de representatividad y sumaron casi el doble de afiliados) y sobre todo diversificaron su composición con nuevos colectivos de trabajadores jóvenes, mujeres, temporales y fijos, pensionistas y parados; y llegaron a más pequeñas y medianas empresas.

En este tiempo también han surgido nuevas formas de producción en el contexto de la revolución tecnológica y la era digital; y con ellas nuevas organizaciones del trabajo que van arrumbando a gran velocidad las derivadas del viejo fordismo industrial. Unas mutaciones que entrañan nuevos desafíos para los sindicatos en todos los planos, desde organizativos hasta contractuales, lo que probablemente esté requiriendo una continua reconsideración de las formas de encuadramiento y de la acción sindical, con mayor agilidad e inteligencia que en etapas pasadas. Sería deseable que de esas reflexiones surjan nuevos proyectos de renovación de los sindicatos confederales que atraigan a buena parte de los colectivos que se autoorganizan en sindicatos autónomos creyendo que así defienden mejor sus intereses temiendo quedar difuminados en los grandes sindicatos.

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{ 7 Comentarios… add one }
  • Santiago S 18 diciembre, 2018, 11:34 am

    Mientras mas explotan a los asalariados, más fragil es nuesta democracia. hay que fijarse en nuestros vecinos en europa e indignarse que nos pagan lo que nos pagan

  • Lara 18 diciembre, 2018, 12:38 pm

    muy de acuerdo. El desafío de los sindicatos ahora es defender el trabajo humano frente a la tecnología inteligente y la mecanización

  • Koldo 19 diciembre, 2018, 2:23 pm

    Para que el pueblo y unos sindicatos tengan que desafiar a un gobierno socialista, la cosa tiene que ir muy mal. Pero es prueba innegable de lo que podemos lograr unidos

  • LUIS SANCHEZ 28 diciembre, 2018, 10:48 am

    Qué duros fueron los comienzos, y que ilusionantes. Necesitamos ilusión y conocimiento.

  • Isaías Paz Filguera 2 enero, 2019, 11:19 am

    Es tan extraño imaginar un gobierno socialista que ignore al pueblo y a los sindicatos… Tienen una responsabilidad para con nosotros

  • Nostálgico 2 enero, 2019, 12:04 pm

    Siento verdadera nostalgia de esos tiempos en los que se luchaba de verdad y se tenían verdaderos ideales. La gente realmente se unía y luchaba por la justicia. A ver si aprenden los jóvenes de hoy.

  • Robles 15 enero, 2019, 8:17 am

    González traicionó lo que significa ser socialista. Espero que haya aprendido de la lección que le dimos.

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